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Se trata de la primera vez que la excongresista enfrenta a la Fiscalía en calidad de imputada desde que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, iniciara, en enero, la indagatoria por el caso.
Isabel Allende Bussi, exsenadora y figura histórica del Partido Socialista, prestará declaración este viernes 16 de mayo ante el Ministerio Público, en el marco de la investigación por la fallida compra de la casa que perteneció a su padre, el expresidente Salvador Allende, y que el gobierno buscaba transformar en un museo.
Se trata de la primera vez que la excongresista enfrenta a la Fiscalía en calidad de imputada desde que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, iniciara la indagatoria por presunto tráfico de influencias.
Según consignó La Tercera, en enero pasado, Allende fue citada a declarar, pero entonces se acogió a su derecho a guardar silencio.
Sin embargo, esta vez, según confirmó su defensa, responderá a todas las preguntas del equipo investigador.
“Mi cliente colaborará como corresponde”, señaló su abogada, Paula Vial, al mismo medio anteriormente mencionado.
En su declaración de este viernes, se espera que entregue su versión sobre las gestiones que se le atribuyen y sobre el rol que desempeñó en la fallida compraventa.
De acuerdo a fuentes del caso, la Fiscalía buscará esclarecer si Allende, en su calidad de senadora, interfirió directa o indirectamente en un proceso que implicaba recursos públicos.
El Presidente Gabriel Boric había expresado interés en adquirir la casa para destinarla a fines conmemorativos.
Cabe recordar que el caso dio un vuelco luego de que el Tribunal Constitucional (TC) destituyera a Allende de su escaño en marzo pasado, tras concluir que había vulnerado la prohibición constitucional que impide a parlamentarios celebrar contratos con el Estado.
La decisión se dio en paralelo a una investigación penal iniciada por la Fiscalía el 8 de enero, donde se apunta a posibles gestiones indebidas para facilitar la venta del inmueble ubicado en calle Guardia Vieja, Providencia, propiedad de la familia Allende.
Uno de los elementos clave en la apertura de la causa fue un hallazgo incidental durante una escucha telefónica autorizada en el marco del Caso ProCultura, que involucra al exsubsecretario de Desarrollo Regional y actual asesor presidencial, Miguel Crispi (FA).
En una conversación con su madre, la socióloga Claudia Serrano, Crispi mencionó supuestas presiones de la entonces senadora Allende para acelerar la adquisición de la vivienda.
La conversación interceptada, registrada el 7 de enero y consignada en el Informe Policial N.º 14 de la PDI, fue calificada como “hallazgo casual relevante” por la Brigada Anticorrupción.
En ella, Crispi afirmaba que Allende habría insistido reiteradamente ante funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales para concretar la compra: “Llamó hasta al portero del Ministerio (…) Weando, weando, que se haga, que se haga…”, dijo, según la transcripción.
La PDI también recogió sus dichos sobre la familia Allende, a la que calificó como “totalmente incompetente”, y mencionó incluso a la exministra de Defensa, Maya Fernández.
Tras conocerse los audios, Isabel Allende desmintió haber ejercido presión alguna, calificando los dichos de Crispi como “falsos” y “una falta de respeto”.
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