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La defensa del imputado calificó la prisión preventiva como desmedida, subrayando que Soto no tiene antecedentes penales y presenta indicios de problemas de salud mental que, aseguran, no fueron suficientemente valorados por el tribunal.
La defensa de Diego Soto Montero, el joven de 25 años imputado por la profanación de tumbas en el Cementerio General de Recoleta, anunció que presentará un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, tras la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de decretar su prisión preventiva.
El imputado, conocido en redes sociales como “Madame Castel Nebrada”, fue formalizado por los delitos de ultraje de cadáveres, profanación de sepultura y otros ilícitos asociados a su intervención en el camposanto. Pese a la gravedad de los hechos, la defensa consideró que la medida cautelar impuesta por el tribunal excede los criterios de proporcionalidad.
“La prisión preventiva es una medida extremadamente gravosa en este caso”, afirmó Sandra Haro Colomé, jefa de estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, quien lidera la defensa de Soto.
“Estamos ante una persona sin antecedentes penales, formalizada por delitos simples, y que presenta antecedentes preliminares de problemas de salud mental. Todo esto debería haber sido considerado al momento de decretar una medida cautelar de tal magnitud”, agregó.
La abogada también cuestionó el carácter público del caso como un factor que podría haber influido indebidamente en la resolución del tribunal.
En ese sentido, subrayó que la prisión preventiva no puede imponerse como castigo anticipado ni como respuesta a la conmoción social. “Debe haber proporcionalidad y adecuación a las circunstancias concretas del imputado”, sostuvo.
Respecto a la situación actual de Soto, Haro explicó que si bien fue declarado imputable, permanece recluido en el Área de Salud Ambulatoria (ASA) del penal Santiago Uno. Esto, indicó, se debe a que en la audiencia de control de detención no se presentaron documentos formales sobre su condición mental, pero sí se esbozaron indicios que ameritan una evaluación más profunda.
“Se trató de una decisión preventiva para resguardar su seguridad personal, mientras se recopilan los antecedentes clínicos necesarios”, señaló.
La defensa insistió en que existen otras medidas cautelares que podrían aplicarse para asegurar la continuidad del proceso judicial sin afectar desproporcionadamente los derechos del imputado. En los próximos días, se espera que el recurso de apelación sea formalmente ingresado.
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